Córdoba - La implantación de la Ley de Calidad reabre la guerra en los centros

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La Junta rebaja los requisitos para la aprobación del plan y se amplía el plazo.Solo 76 de los 520 colegios cordobeses han dado luz verde a los incentivos.

Segundo intento. La Consejería de Educación abrió ayer un nuevo plazo de un mes para que los centros educativos se adhieran al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares. Lo hace y añade facilidades: si antes el plan tenía que ser aprobado por dos tercios del profesorado del centro, ahora es suficiente con que lo aprueben dos tercios de los que asistan al claustro donde se decida. Facilidades para animar como sea a la comunidad educativa a decir sí a un Plan de Calidad que, de momento, ha sido rechazado mayoritariamente: solo 76 de los 520 centros de Córdoba lo han aprobado (el 14,6%).

Lo cierto es que el debate del plan han generado "mucha tensión" en los centros educativos por la división entre detractores y defensores. Una controversia a la que la Junta quiere restar importancia aunque habría que preguntarse por qué a pesar de poder percibir incentivos (hasta 600 euros el primer año) una amplia mayoría de los profesores se siguen oponiendo. Una de las claves es que algunos lo han interpretado como un "soborno" de la Junta para responsabilizar en exclusiva al profesorado del fracaso escolar. "El plan enmascara la realidad, maquilla las estadísticas y suplanta la homologación salarial pendiente", indica Emilia Rubio, portavoz de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública, formada por los sindicatos APIA, SADI, CGT, SIEP y USTEA. El PP expresó su apoyo a la plataforma con la presencia de Luisa Arcas y Rafi Obrero en la concentración de ayer ante las puertas de Educación.

MEDIDA "AMBICIOSA"

En el lado opuesto, la Administración y los sindicatos FETE-UGT, CCOO, CSIF y ANPE, que defiende la medida por ser "más ambiciosa que unos simples incentivos", según indica la delegada de Educación en Córdoba, Antonia Reyes.

En el plan se contemplan incentivos económicos al profesorado de hasta 7.000 euros a percibir en cuatro años por la consecución de objetivos educativos fijados por el mismo centro, en función de los rendimientos escolares de los alumnos. Son 21 indicadores que miden, por ejemplo, el dominio de las competencias básicas del alumnado en lengua, matemáticas y ciencias, o el grado de satisfacción de las familias. Así, se incentiva que un estudiante siga en la secundaria post-obligatoria y se contempla la posibilidad de que las familias, la inspección y una agencia de evaluación externa evalúen al profesorado.

Los opositores argumentan que todos esos objetivos se hacen "sin incentivos" y que así, al aplicar parámetros de la empresa privada, se mercantiliza la educación. Sus medidas para elevar la calidad educativa pasan por una subida salarial lineal, la reducción del horario lectivo, el incremento de la plantilla, la estabilidad laboral de los interinos, la disminución de la ratio y el incremento de la inversión.