Ni los intentos de soborno, ni las promesas de privilegios para los Centros que se acojan, ni las bondades pedagógicas se abren hueco entre un profesorado que demanda insistentemente medidas reales, eficaces y estructurales para mejorar la calidad de nuestros Centros Escolares Públicos, sin que la Administración Educativa ponga encima de la mesa más que el aumento de tareas burocráticas, controles excesivos, etc.…
Desde USTEA consideramos que el Profesorado Andaluz está manifestando su rechazo a esta Orden de “Calidad” y ahora tenemos como prioridad seguir llevando a los centros las razones que han hecho a la mayoría del profesorado andaluz a decir que NO al plan de incentivos y animamos a seguir expresándolo con toda claridad en los claustros que se celebren hasta el día 15 de Noviembre.
Una vez concluido el plazo para solicitar la participación en el Plan fijado por la CEJA, USTEA valorará junto al profesorado, en el estilo asambleario que nos caracteriza, el resultado de la decisión de los Claustros y las acciones a realizar contra esta agresión a la escuela pública que es la Orden de "calidad".
USTEA sigue también adelante con el recurso jurídico contra el Plan de incentivos, que ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e iniciará los trámites para denunciar ante los tribunales a los responsables de la Consejería de Educación que han autorizado el pago de incentivos sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la orden.
AHORA MÁS QUE NUNCA, ES EL MOMENTO DEL NO
Porque:
Aceptarlo implica asumir ante la opinión pública que los únicos responsables de las carencias de la enseñanza pública andaluza son el profesorado y su falta de profesionalidad, por lo que es necesario incentivarlo económicamente para que trabaje más y mejor.- El incentivo económico contemplado en el Programa es una consecuencia lógica de concebir la enseñanza con criterios economicistas y constituye un verdadero complemento de productividad destinado al profesorado.
- No existe ni un solo ítem en el que se registre la opinión del profesorado, instaurándose un modelo de evaluación en el que se otorgan unas atribuciones desmedidas a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a las direcciones de los centros y a la inspección.
- Este Programa va a suponer una clara jerarquización del funcionamiento de los centros educativos, lo que entra en contradicción con la pretendida finalidad de fomentar la participación y la toma de decisiones de forma democrática.
- El incentivo económico suplanta burdamente la homologación salarial pendiente. En el mejor de los casos, la parte del complemento que se consolidará será muy inferior al poder adquisitivo de nuestros sueldos perdido en los últimos veinte años.
- La introducción de los incentivos va a provocar una profunda división entre el profesorado y contribuirá a deteriorar más el ambiente laboral, máxime cuando se introducen criterios para evaluar la consecución de objetivos que suponen un alto grado de discrecionalidad.
- Este Programa incrementará las injerencias y presiones sobre nuestro trabajo de la inspección, los equipos directivos, el alumnado y las familias; que considerarán lógico exigirnos mayor número de aprobados. Con lo que disminuirá nuestra consideración social y dificultará enormemente la necesaria autoridad para que podamos ejercer correctamente nuestro trabajo.
- El Programa traslada de inmediato la discriminación al alumnado, cuyos medios de aprendizaje quedarán condicionados por la decisión de su centro educativo de adherirse o no a la Orden de Calidad.
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