Málaga - Concentración contra la Orden de Incentivos

Foto de la CONCENTRACIÓN

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La presentación de los remeros y la Orden de Calidad

Esta antigua presentación sobre los remeros no tiene desperdicio. Os animamos a verla

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Campaña de la Junta para que los centros se unan al Plan de Calidad

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Campaña de la Junta para que los centros se unan al Plan de Calidad
El proceso por ahora es voluntario, pero los docentes creen que terminará siendo obligatorio · Educación, con el delegado al frente, inicia una toma de contactos con directores · Dos sindicatos se movilizan hoy

La Junta de Andalucía ha iniciado una serie de reuniones con los directores de los centros educativos de la provincia para explicarles las bondades del Plan de Calidad. Ante la negativa de sumarse a esta orden de numerosos colegios y aún más institutos el año pasado, la Delegación de Educación lo intenta con mayor esfuerzo en una segunda ocasión. Ahora, trata de persuadir a los equipos directivos para que sus claustros voten a favor del plan. El año pasado se unieron menos de la mitad de los centros.

La medida se toma semanas después de que los docentes que ya se sumaron al plan el año pasado cobraran los primeros 600 euros de los 7.000 que recibirán por participar y mejorar la calidad aunque sus funciones aún no están muy claras. Desde el pasado 15 de octubre hasta el próximo 15 de noviembre los centros pueden volver a ser parte del plan. Por ahora es voluntario, pero Educación persuade a los colegios y muchos docentes creen que dentro de poco será obligatorio para todos, según fuentes sindicales.

Las reuniones están presididas por los responsables de la Dirección General de Ordenación y Evaluación de Educación, que está acompañada en los encuentros por inspectores y el propio delegado de Educación, José Nieto. Entre todos tratan de convencer a los directores -que ellos mismos eligen- y resuelven también sus dudas. Actualmente ya hay al menos una decena de colegios e institutos de Málaga que han votado a favor y ya tramitan a través del programa Séneca su inscripción a la Ley de Calidad. "Pero no hay que olvidar que sigue siendo prácticamente un soborno pagar a los profesores para mejorar los resultados", explicaron en el sindicato Apia.

Además de la recomendación a los centros para que se unan a la también llamada Orden de Incentivos, la Junta ha facilitado las condiciones para que los claustros den el sí y el respaldo sea, esta vez, mayoritario. Así, sólo valen los votos de los presentes en el claustro extraordinario que se realice y no cuentan los de aquellos docentes que no estén en ese momento, los que den Religión o los sustitutos. Lo que no se ha rebajado son los dos tercios de votos a favor necesarios para formar parte de la Ley de Calidad.

El responsable del sindicato Ustea, Jacinto Díaz, asegura que los 600 euros abonados ya a los profesores que participan en la iniciativa "están motivando que sus compañeros también se sumen aunque no quieran". "Nos dicen que firmen o no, al final todos los profesores tendrán que participar, pero unos cobrarán 7.000 euros y otros no", denuncia Díaz, que dice que los docentes que dan el sí "terminan asumiendo que el fracaso escolar es culpa suya y no es así". Ustea, junto a los sindicatos Sadi, Apia y CNT han convocado una nueva movilización para mostrar su rechazo a la Orden de Incentivos que se realizará hoy a las 18:00 en la Plaza de la Constitución.

"Si funciona o no se verá a largo plazo, pero es bueno que haya esta iniciativa y que se vaya implantando poco a poco en más colegios", añade por su parte José Fernández, responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras. "Claro que todo dependerá de los recursos económicos que haya", añadió.

Tres institutos de Granada rechazan adherirse al plan de mejora de la calidad educativa

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13 claustros votan en contra
Tres institutos de Granada rechazan adherirse al plan de mejora de la calidad educativa
El programa, que engloba incentivos al profesorado de 7.000 euros, recoge un sistema de evaluación para los centros adheridos



Apenas 12 días después de que la Consejería de Educación abriera el segundo periodo de inscripción en el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que en su primera convocatoria cosechó 1.168 adhesiones, los claustros de profesores de 13 institutos de educación secundaria obligatoria (ESO) han rechazado ya la integración en este plan, según la información que obra en poder de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).


El secretario de APIA, Francisco Capdevila, informó de que los institutos cuyos claustros de profesores han rechazado ya la adhesión a este programa son el instituto de educación secundaria (IES) 'La Jarcia' de Puerto Real (Cádiz), el 'Puente de Alcolea', en Alcolea (Córdoba), en Granada los IES Alhama de Granada en tal municipio y en la capital los centros Alhambra, Mariana Pineda y Severo Ochoa, ya en Jaén ha rechazado su integración en el plan el IES Río de los Granados, de Guarromán, y en Málaga capital el Litoral de Málaga.


En cuanto a la provincia de Sevilla, en Arahal el IES La Campiña también ha acordado mantenerse al margen de este programa, extremo que han seguido el IES Jacarandá en Brenes, el Nicolás Copérnico de Ecija, el José María Infantes de Utrera y el V Centenario de la ciudad hispalense. "Estos centros ya se han pronunciado y han dicho que no", dijo Capdevila recordando que la nueva convocatoria permite a los claustros aprobar la adhesión al programa con el voto positivo de dos tercios del profesorado asistente a la votación.


Debate obligatorio


Este portavoz de APIA recordó que la adhesión o no a este programa "se está votando" estos días en los claustros de profesores de todos los centros andaluces, porque su debate "es obligatorio" en los colegios e institutos.


El citado programa contempla incentivos al profesorado de 7.000 euros en periodos de cuatro años, si bien recoge un sistema de evaluación para los centros adheridos, que tras la primera convocatoria suman 1.168 englobando a un total de 24.469 los docentes.


El proyecto, cuyos efectos comienzan en la campaña escolar en curso, cuenta con el rechazo de varios sindicatos como el de Docentes e Interinos (SADI), la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (Ustea) y la CGT, organizaciones que ya protagonizaron una protesta a las puertas del Parlamento andaluz el pasado 15 de octubre, cuando se abrió oficialmente la segunda convocatoria de adhesión.

Profesores exigen un salario similar al de otras comunidades

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J,P. Profesores y representantes de los sindicatos de enseñanza CGT, USTEA, APIA y SADI se concentraron en la tarde de ayer frente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada para mostrar su rechazo al plan de calidad que este curso ha puesto en marcha la administración educativa en colegios e institutos y que, entre otros aspectos, pretende incentivar económicamente a aquellos docentes que consigan mejorar el nivel de sus clases.

Los manifestantes consideran que estas medidas “no son válidas para mejorar el nivel educativo andaluz” y creen necesario, en su lugar, que la Junta de Andalucía “se decida por fin a disminuir la ratio de alumnos por aula o a establecer una subida salarial que no esté supeditada al rendimiento”, según explicó ayer Ángela González, representante sindical de CGT.

Los docentes contrarios al plan de calidad reclaman un “aumento salarial de 300 euros al mes que ponga fin a las desigualdades que en este sentido padecen los maestros andaluces con respecto a los de otras comunidades autónomas”.

Entre otras medidas, también exigen a la Consejería “un mayor número de profesores por centro, la cobertura inmediata de las bajas y estabilidad para el profesorado interino”. Consideran, además, que el programa de incentivos económicos, que ha sido aceptado sólo en un 30% de los centros granadinos, será causa de diferencias y “hará que haya profesores de primera y de segunda en cuanto a la remuneración”.

La Junta replantea toda su estrategia educativa y congela 11 planes en vigor

[Leer la noticia en El Correo de Andalucía]

La Consejería de Educación ha bloqueado sin previo aviso la convocatoria de todos los planes de los que se nutrían los colegios andaluces, incluidos los dos grandes proyectos de la pasada legislatura, el plurilingüismo y los TIC (nuevas tecnologías). Los centros que ya los tienen implantados los mantendrán.

A finales del pasado mes de agosto, la Consejería de Educación publicaba una nota informando del dinero que había invertido para subvencionar los programas educativos en los colegios: 508.585 euros para 289 centros escolares. “Los proyectos de innovación educativa”, decía la nota, “constituyen una de las actuaciones más consolidadas de la consejería, que cada año incrementa la dotación destinada con el consiguiente aumento de centros beneficiados”.

Era un comunicado como el que envía este departamento cada año, justo antes de que se abra la nueva convocatoria para que los colegios soliciten alguno de los proyectos educativos que oferta la consejería. Pero una semana después de la nota, la Junta retiró de una tacada la convocatoria de los once proyectos estrella que, hasta entonces, servían para “mejorar la enseñanza desde dentro de la escuela”.

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, firmó una orden que derogaba todos los planes educativos el mismo día en el que tendría que haberse abierto la nueva convocatoria. Ni los colegios ni los centros de formación del profesorado fueron avisados de que, de repente, toda la planificación de proyectos de innovación quedaría congelada nada más empezar el curso.

De manera que docenas de colegios se quedaron sin saber qué hacer con su solicitud, porque para obtener la subvención de la Junta y poder implantar uno de esos proyectos es necesario presentar en Educación un documento con las líneas de trabajo, los objetivos y el compromiso de los profesores por escrito. Muchos claustros habían trabajado en ese proyecto, incluso durante el verano, para poder tenerlo listo el 15 de septiembre, día en el que se abría el plazo de presentación, y en el que se publicó la orden que derogaba todos los planes. Ya eran papel mojado.

Entre los proyectos cancelados se incluyen las dos grandes apuestas educativas de la legislatura anterior: el Plan de Plurilingüismo y el de los centros TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Pero también han sido retirados todos los programas de los que reiteradamente hizo gala la ex consejera de Educación, Cándida Martínez, durante los últimos cuatro años: Ciclos de Formación Profesional Bilingües, Deporte en la Escuela, Gestión de Calidad, Compensación Educativa, Autoevaluación y Mejora, Coeducación o Diversidad de Género, Proyectos de Innovación y Desarrollo Curricular, Escuela: Espacio de Paz y el Plan de Lectura y Biblioteca.

Este último apenas llevaba año y medio en vigor y, en su día, fue presentado como la herramienta idónea para que los alumnos recuperasen la falta de comprensión lectora que habían demostrado en las pruebas de diagnóstico. Tal fue la importancia de este plan que el mismo día de su presentación la consejera anunció que se incluiría una hora de lectura obligatoria en el currículo de ESO.

Otros proyectos de innovación que no estaban incluidos en la orden que ha sido derogada eran, incluso, más recientes que éste, como el Proyecto de Interculturalidad, dirigido a los centros con más alumnado inmigrante, que ha estado un curso en los colegios y, según la consejería, tampoco volverá a ofertarse.

Sin alternativas . Educación explica que los colegios que ya tenían un proyecto en marcha seguirán funcionando hasta que agoten la duración prevista en dicho plan (uno o dos años), y también los que fueron aprobados en la última convocatoria recibirán la subvención para este curso. Pero el grifo se ha cerrado definitivamente y ya no habrá nuevas convocatorias.

La orden que deroga todos los programas es escueta y algo ambigua. Del texto se desprende que la Consejería de Educación recuperará sólo cuatro de los once proyectos suprimidos –los TIC, los planes de Igualdad de Género, la Autoevaluación y mejora y los Bilingües– que son los que tienen más peso y más presupuesto, y a los que la Junta considera “de importancia estratégica”.

La comunidad educativa –profesores, padres, sindicatos...– no había sido informada de los planes de la consejería, y a día de hoy casi todos desconocen cómo y cuándo van a devolver esos proyectos al sistema y cuál es la alternativa concreta que tiene en mente la Administración para volver a ponerlos en marcha.

Obligatorio o voluntario . Es menos seguro que la Junta reactive el resto de proyectos, “porque su grado de incidencia en la escuela ha sido muy desigual”, aseguran desde la consejería. La orden de derogación dice que son los propios centros los que, a partir de ahora, deben incluir los principios de esos proyectos en su Plan de Centro –hoja de ruta que define las estrategias didácticas de un colegio–, pero eso también lo decía la orden derogada.

Educación dice que se trata de una estrategia: quitar de en medio los planes que no han funcionado y extender los grandes proyectos a todos los colegios públicos de Andalucía. En esto ha habido un cambio de criterio claro: en adelante no será el profesorado el que se reúna, discuta, debata, trabaje en un proyecto y voluntariamente decida pedirle dinero a la Junta para aplicarlo en su escuela. Los TIC o los bilingües no podrán quedar a expensas del voluntarismo de un claustro.

Será la propia Administración, y no los centros escolares, quien decida qué, cómo y cuándo un determinado colegio necesita o debe desarrollar un proyecto educativo para mejorar el rendimiento de sus alumnos. “Estos proyectos no deben depender de la voluntad de los centros, sino de una planificación estudiada por parte de la consejería”.

Algunos sindicatos y colegios ven cierta contradicción en todo esto. La orden que unificó todos los proyectos educativos y que acaba de ser derogada decía que “la enseñanza se alimenta de las iniciativas de innovación pedagógica que se generan en los propios colegios”.

De esa forma subrayaba la tan cacareada autonomía pedagógica de los centros, un pilar básico de la Ley de Educación Andaluza. La Junta, hasta ahora, siempre ha presumido que los profesores, los que mejor conocen las debilidades y fortalezas de sus alumnos, son quienes lleven la batuta de los cambios en la escuela. Hasta ahora.

Materiales informativos elaborados por USTEA

aUSTEAldía nº 49 Especial Orden de Incentivos (Septiembre de 2008)
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aEl Complemento de Productividad. No es oro todo lo que reluce (febrero 2008)
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aComplemento de Productividad: el difícil camino para conseguir un sueldo más justo. (Resumen del Programa de Calidad y Mejora y posición de USTEA con respecto al mismo) (febrero 2008)
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aComplemento de Productividad: el timo de la estampita. (Comparativa con la homologación que teníamos antes y simulación de casos) (febrero 2008)
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aCartel sobre el complemento de productividad

DOCUMENTOS OFICIALES

Modificación 2008-2009 - Orden de 10 de octubre de 2008, por la que se modifica la de 20 de febrero de 2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.

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Instrucciones de 29 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Educación, relativas al Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos que lo iniciaron en el curso 2007/08.

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CONSULTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 2008, POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

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ORDEN de 20 de febrero de 2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.

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Anexo I - Indicadores de Evaluación y Valores de referencia

Anexo II - Objetivos educativos y ponderación del centro

Anexo III - Suscripción de compromiso por el Director/as

Anexo IV - Compromiso de participación del profesorado

Plan de Calidad: ¿Una medida oportuna o un soborno?

VER NOTICIA EN andaluciaeduca.com

¿Medida oportuna para mejorar los rendimientos
escolares o soborno para comprar al profesorado a cambio de más aprobados? La
controversia por el Plan de Calidad de la Enseñanza se ha avivado después de que
la Junta haya abierto un nuevo plazo para que los centros que no se acogieron en
la anterior convocatoria a la Orden de Incentivos puedan hacerlo ahora. O lo que
es lo mismo, colegios e institutos deberán volver a someter a votación del
claustro si maestros y profesores aceptan los 7.000 euros que se embolsarían en
cuatro años por mejorar algunos indicadores.

El plazo para poder adherirse ahora al ‘complemento de productividad’ es de un mes, aunque la convocatoria se repetirá anualmente, según una orden publicada por la Consejería de Educación, en virtud de la cual se modifica la aprobada el pasado 20 de febrero. De este modo, cada claustro decidirá sobre la participación de su centro en el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, para lo cual se celebrará una sesión extraordinaria en la que se necesitará el voto favorable de dos tercios de los miembros del órgano colegiado que asistan a dicha reunión para que la escuela o instituto pueda incorporarse al plan. En esta votación tan sólo podrán participar quienes estén ocupando un puesto en la plantilla de funcionamiento del centro, no así los docentes que presten servicio en régimen de sustitución, ni los de régimen de contratación laboral.

Para USTEA, uno de los sindicatos que se opone a la Orden de Incentivos, junto a CGT, APIA y SADI, los cambios introducidos por el departamento que dirige Teresa Jiménez sobre las disposiciones originales son “pocos, pero importantes”. Entre otros, se refiere a la flexibilización de las condiciones para acogerse al plan, “reduciéndose los requisitos para su implantación: ahora sólo es necesario contar con el ‘sí’ de los dos tercios del profesorado asistente y no del claustro en general”. Para las centrales díscolas no cabe ninguna duda, la Junta pretende con estas facilidades incrementar de forma sustancial el número de centros adheridos al programa, pues en la primera convocatoria sólo la aceptó el 35 por ciento de los colegios e institutos andaluces. La perspectiva de la administración autonómica, sin embargo, es bien distinta, pues estima que la incorporación, en la pasada primavera, de 1.168 centros al citado programa (lo que compromete en su participación activa a 24.636 profesionales de la enseñanza) es una cifra elevada.

Otra de las novedades más importantes que introduce la nueva orden es que “el profesorado que, ocupando una vacante en la plantilla de funcionamiento de un centro, haya disfrutado del correspondiente permiso por maternidad o paternidad y al acumular los días lectivos del referido permiso a los de servicio efectivo en el centro alcance, al menos, cien días lectivos, podrá percibir los incentivos económicos” previstos por el plan, según el texto consultado por Andalucíaeduca, que establece que para la determinación de la cuantía "se considerarán tanto los días en los que se haya prestado servicio efectivo en el centro como los de permiso maternal o paternal”.

Indignación entre los sindicatos opositores
USTEA asegura que todas estas modificaciones se suman a “las instrucciones que el viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, hizo llegar a principios de curso” a las escuelas cuyo personal se beneficiará del ‘complemento de productividad’, en las que se establecía, entre otras medidas, que “al menos uno de los profesores de refuerzo en los colegios de Primaria ha de tener dedicación exclusiva para el desarrollo de la orden, privándolos de cubrir una baja”. Para algunos profesionales, no obstante, esta determinación supone una “clara ventaja para los centros acogidos al nuevo plan”, dado que implica, según este sindicato, que “los sustitutos llegarán antes”.

Sin embargo, el inicio de año escolar parece haber demostrado lo contrario. “Varios representantes sindicales -algunos de los cuales apoyaron la ley- han criticado que algunos colegios no cuentan todavía con el profesorado de apoyo que prometía la orden. Ésta es una de las principales reclamaciones: consolidar el papel del maestro de refuerzo en las plantillas de las escuelas y no buscar este apoyo a través de las horas libres de los docentes”, critica USTEA, que afirma que “también se queda fuera del tintero otra aspiración”, como es la del “desdoble de las clases de las asignaturas instrumentales en toda la ESO, ya que sólo se contempla para tercero y cuarto”.

En similares términos se ha pronunciado APIA, que sostiene que el programa que trata de aplicar la Consejería de Educación no contempla una prima a los profesionales de la enseñanza a cambio de un sobreesfuerzo en su labor docente, tal y como han asegurado algunos medios, sino que establece “un compromiso contractual de aumentar en un porcentaje fijo el número de aprobados, la tasa de idoneidad o el porcentaje de titulados, entre otros; algo que en sí mismo, aparte de constituir un disparatado ejercicio de adivinación, podría resolverse sin el menor esfuerzo”. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía no tiene en reparos calificar como falso el pretender ligar el programa de calidad con una serie de medidas, como el aumento de las plantillas o la disminución de las ratios, pues actuaciones de esta índole “no están recogidas en el articulado de la orden” y “basta leérsela para comprobarlo”.

Según el color con que se mire
La Junta intenta desmontar los argumentos esgrimidos por las organizaciones disconformes que se encuentran ahora inmersas en un nuevo calendario de movilizaciones contra el plan, arguyendo que de los 21 parámetros que se miden para evaluar el desarrollo del programa -como el dominio de las competencias básicas por el alumnado en lengua, matemáticas y ciencias, o el grado de satisfacción de las familias- sólo tres guardan relación directa con los resultados, mientras que el resto nada tiene que ver con el número de aprobados. Estos aspectos, en todo caso, serán analizados mediante encuestas y la recientemente creada Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Bajo estas premisas, la consejería desecha la posibilidad de que los profesionales de los centros que se incorporen al plan incrementen sus estadísticas de estudiantes aprobados sólo por percibir los incentivos previstos por la norma. Para APIA, en cualquier caso, “la evaluación prevista, a cargo de una agencia creada ad hoc por la propia consejería, no va a analizar si ha mejorado realmente el rendimiento escolar de los alumnos, sino sencillamente si se han cumplido los objetivos (como las cifras de aumento de aprobados) fijados en el contrato”.

Los que sí apoyaron el programa ‘voluntario’ fueron los sindicatos mayoritarios del ramo, CCOO, UGT, CSI-CSIF y ANPE, que sostienen que esta iniciativa, que se enmarca en la Ley Orgánica de Educación, implica para su desarrollo -entre otros avances- el incremento de las plantillas, por lo que contribuirá a crear 15.000 nuevas plazas de docentes y 2.500 de personal administrativo.

Desde la Junta se ha manifestado que quien acusa a la consejería de intentar comprar aprobados a cambio de incentivos es que no conoce a los docentes andaluces. En respuesta, los detractores declaran que “puede ser que el profesorado no se conozca a sí mismo cuando ha rechazado de plano esta oferta indecente, pero de lo que sí estamos seguros es de conocer suficientemente a la administración educativa y, por eso mismo, declinamos la propuesta de forma mayoritaria”.

El plan contempla incentivos económicos al profesorado de hasta 7.000 euros a percibir en cuatro años por la consecución de objetivos educativos fijados por el mismo centro, en función de los rendimientos escolares de los alumnos, que son medidos mediante 21 indicadores. Con ello, se intenta supuestamente fomentar que los estudiantes prosigan su formación en la educación post-obligatoria, a la vez que se contempla la posibilidad de que las familias, la inspección y una agencia evalúen al profesorado. Los detractores argumentan que esos objetivos deben hacerse sin incentivos de por medio para evitar la mercantilización de la educación. En cambio, plantean una mejora salarial lineal, la reducción del horario lectivo, el incremento de la plantilla, la estabilidad laboral de los interinos, la disminución de la ratio y el incremento de la inversión para mejorar la calidad de la enseñanza.

El Plan de Calidad, una eterna convocatoria

Noticia en Diario de Sevilla

Debate sobre la orden de los incentivos
El Plan de Calidad, una eterna convocatoria
La Junta abrirá todos los años un plazo para su acogida

Sí o sí. El Plan de Calidad y mejora de la Enseñanza Educativa contará a partir de este curso con una convocatoria todos los años para los centros que quieran acogerse a él. El segundo plazo comenzó el miércoles. Con tal motivo, la Consejería de Educación publicó ayer en el BOJA los cambios introducidos sobre las disposiciones originales. Pocos, pero importantes.

Las condiciones para su aprobación se han "flexibilizado". Era de esperar. La escasa aceptación que la Ley de Calidad obtuvo la primavera pasada -sólo la aceptó el 35% de los colegios e institutos andaluces- ha reducido los requisitos para su implantación. Ahora sólo es necesario contar con el "sí" de los dos tercios del profesorado asistente y no del claustro en general.

Los centros pequeños podrán, de esta manera, sacar adelante la citada ley sin demasiadas complicaciones (el quórum establecido es la mitad de la plantilla más uno). En un colegio, con un total de 30 profesores, sólo será necesario el visto bueno de 11.

Otra de las novedades está vinculada con los incentivos. A partir de ahora las bajas por maternidad y paternidad no serán un problema para obtener los 7.000 euros prometidos por la ley, siempre que se consigan los objetivos marcados en los proyectos que haya elaborado cada centro. Éste era uno de los puntos más criticados cuando se aprobó la ley por su carácter "antisocial".

Estos cambios se suman a las instrucciones que el viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, hizo llegar a principios de curso a los centros que contaban con el nuevo plan. Entre ellas, se establece que, al menos, uno de los profesores de refuerzo en los colegios de Primaria ha de tener dedicación exclusiva para el desarrollo de la orden, privándolos de cubrir una baja. Para algunos profesionales esta determinación supone una clara ventaja para los centros acogidos al nuevo plan: los sustitutos llegarán antes.

Pero el inicio de curso ha demostrado lo contrario. Varios representantes sindicales -algunos de los cuales apoyaron la ley- han criticado que algunos colegios no cuentan todavía con el profesorado de apoyo que prometía la orden. Ésta es una de las principales reclamaciones: consolidar el papel del maestro de refuerzo en las plantillas de los colegios y no buscar este apoyo a través de las horas libres de los docentes.

También se queda fuera del tintero otra aspiración: el desdoble de las clases de las asignaturas instrumentrales en todos los cursos de la ESO, ya que sólo se contempla para tercero y cuarto. Ventajas y lagunas, por tanto, de una ley que se examinará todos los años. El aprobado, así, es seguro.

Cádiz - Los sindicatos USTEA y CGT protestan contra el Plan de Calidad de la Enseñanza

Los delegados sindicales de Ustea y CGT se congregaron ayer
en la Plaza de Mina, frente a la Delegación Provincial de Educación, para
protestar contra el Plan de Calidad de la Enseñanza. Los representantes de los
trabajadores critican la decisión de la Junta de Andalucía de volver a presentar
a los claustros de los centros la propuesta para que pueda ser aprobada, ya que
en la convocatoria que realizó el pasado mes de abril registro un importate
rechazo del profesorado de todo el territorio Andalucía.

En la provincia de Cádiz, de los 525 centros que votaron la propuesta, sólo alrededor de 120 aceptaron el Plan, mientras que los claustros restantes decidieron votar en contra de un plan que contempla el pago de incentivos a los docentes por subir los porcentajes de aprobados.

Según Francisco Mena, secretario general de la sección de Enseñanza de CGT en la provincia, aseguró que ayer debería haberse publicado en el BOJA esta nueva orden, para que se sometiera a debate en los diferentes claustros. Sin embargo, a primera hora de la mañana aún no se había publicado y los claustros no podían discutirlo. No obstante, Mena puntualizó que muchos de los claustros han decidido no abordar nuevamente la orden porque ya lo hicieron hace tan sólo unos meses y fue rechazada.

A pesar de retraso, los delegados sindicales de Ustea y CGT comenzaron ayer con los actos de protesta que van a llevar a cabo durante las próximas semana para criticar este Plan, «que transmite todas las responsabilidades a los profesores», comentó. Por su parte, de la Delegación Provincial de Educación no quiso hacer valoraciones al respecto.

Por otra parte, durante la jornada de ayer comenzaron también las pruebas de diagnóstico en todos los institutos de la provincia. Los estudiantes de tercero de ESO de todos los centros tuvieron que responder a cuestiones relacionadas con Lengua, Matemáticas y, como novedad este año, sobre la interacción con el medio natural y físico.



Las pruebas seguirán hoy y terminarán mañana. Los resultados servirán para detectar las carencias de los alumnos y poner en marcha programas destinados a mejorar estos conocimientos.

Noticia en La Voz Digital de Cádiz

Córdoba - La implantación de la Ley de Calidad reabre la guerra en los centros

Ver noticia en Diario de Córdoba

La Junta rebaja los requisitos para la aprobación del plan y se amplía el plazo.Solo 76 de los 520 colegios cordobeses han dado luz verde a los incentivos.

Segundo intento. La Consejería de Educación abrió ayer un nuevo plazo de un mes para que los centros educativos se adhieran al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares. Lo hace y añade facilidades: si antes el plan tenía que ser aprobado por dos tercios del profesorado del centro, ahora es suficiente con que lo aprueben dos tercios de los que asistan al claustro donde se decida. Facilidades para animar como sea a la comunidad educativa a decir sí a un Plan de Calidad que, de momento, ha sido rechazado mayoritariamente: solo 76 de los 520 centros de Córdoba lo han aprobado (el 14,6%).

Lo cierto es que el debate del plan han generado "mucha tensión" en los centros educativos por la división entre detractores y defensores. Una controversia a la que la Junta quiere restar importancia aunque habría que preguntarse por qué a pesar de poder percibir incentivos (hasta 600 euros el primer año) una amplia mayoría de los profesores se siguen oponiendo. Una de las claves es que algunos lo han interpretado como un "soborno" de la Junta para responsabilizar en exclusiva al profesorado del fracaso escolar. "El plan enmascara la realidad, maquilla las estadísticas y suplanta la homologación salarial pendiente", indica Emilia Rubio, portavoz de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública, formada por los sindicatos APIA, SADI, CGT, SIEP y USTEA. El PP expresó su apoyo a la plataforma con la presencia de Luisa Arcas y Rafi Obrero en la concentración de ayer ante las puertas de Educación.

MEDIDA "AMBICIOSA"

En el lado opuesto, la Administración y los sindicatos FETE-UGT, CCOO, CSIF y ANPE, que defiende la medida por ser "más ambiciosa que unos simples incentivos", según indica la delegada de Educación en Córdoba, Antonia Reyes.

En el plan se contemplan incentivos económicos al profesorado de hasta 7.000 euros a percibir en cuatro años por la consecución de objetivos educativos fijados por el mismo centro, en función de los rendimientos escolares de los alumnos. Son 21 indicadores que miden, por ejemplo, el dominio de las competencias básicas del alumnado en lengua, matemáticas y ciencias, o el grado de satisfacción de las familias. Así, se incentiva que un estudiante siga en la secundaria post-obligatoria y se contempla la posibilidad de que las familias, la inspección y una agencia de evaluación externa evalúen al profesorado.

Los opositores argumentan que todos esos objetivos se hacen "sin incentivos" y que así, al aplicar parámetros de la empresa privada, se mercantiliza la educación. Sus medidas para elevar la calidad educativa pasan por una subida salarial lineal, la reducción del horario lectivo, el incremento de la plantilla, la estabilidad laboral de los interinos, la disminución de la ratio y el incremento de la inversión.

Nuevo examen al plan de incentivos

Enlace a noticia en El País

Educación intenta aumentar el escueto 35% de centros sumados al Plan de Calidad

El curso pasado se vivió un intenso debate en los claustros de los centros educativos andaluces. La Junta abrió el plazo para inscribirse voluntariamente en el Plan de Calidad de la enseñanza, una herramienta ideada por la Administración a través de una orden -conocida popularmente como ley de calidad- que busca mejorar el rendimiento escolar. Por este sobreesfuerzo, los docentes participantes cobrarán unos incentivos que podrían llegar a alcanzar los 7.000 euros en el plazo de cuatro años. Mañana, Educación vuelve a abrir un plazo de un mes para que los colegios e institutos se adhieran. La convocatoria estará disponible, en las mismas fechas, durante los próximos años.

Muchos colegios e institutos se dividieron internamente entre quienes veían la iniciativa y la remuneración como una manera de reconocer su trabajo, tal y como defiende la Junta, y los que entendían que era una forma de comprar al profesorado a cambio de más aprobados. Este curso podría pasar lo mismo. Los centros deberán decidir, por una mayoría mínima de dos tercios de los presentes en la reunión del claustro, la incorporación al programa. En la anterior convocatoria, los dos tercios se establecieron en función de todos los profesores del claustro, presentes o no en la votación.

El resultado final de la convocatoria pasada plasma el espíritu con el que fue recibida la medida: sólo 1.168 centros educativos dijeron sí, lo que supone el 35%. La negativa fue especialmente sangrante entre los centros de Secundaria, ya que sólo 126 respondieron afirmativamente. Fuentes de Educación consideran la cifra "muy aceptable" y que recuerda otros planes voluntarios en los que el primer año la aceptación fue similar o menor y actualmente se encuentra muy extendida, como el del Plan de Centros Abiertos.

Las cifras del curso pasado reflejaron el recelo con el que muchos profesionales recibieron la nueva orden. Un rechazo que sindicatos como APIA, USTEA, CGT o SADI -que convocaron una huelga el pasado curso y ya anuncian nuevas movilizaciones- han verbalizado crudamente: "La medida de los 7.000 euros es un soborno para comprar al profesorado a cambio de más aprobados", explica Enrique Abascal, presidente de APIA. Por su parte, los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO, y AMPE) sí apoyaron la iniciativa de la Junta. "Esta orden se enmarca en la LOE, que plantea que, en cuatro años, se crearán más de 15.000 nuevas plazas de docentes y 2.500 de personal administrativo. Para ejecutar la Orden es necesario dicho aumento de plantilla. Si no se hubiese aprobado, nunca habríamos aceptado la orden", apunta Patricio Pérez, de CC OO.

La Junta rechaza de plano las acusaciones que se le plantean. "Quien diga que el profesorado va a aprobar a los alumnos sólo por el hecho de cobrar unos incentivos, es que no conoce a los profesores", señalan. Educación advierte de que, entre los 21 parámetros que se miden para evaluar el desarrollo del programa, "sólo hay tres que tienen relación directa con los resultados; los otros 18 no guardan relación directa con el número de aprobados". Entre esos indicadores se mide el dominio de las competencias básicas por el alumnado en lengua, matemáticas y ciencias, o el grado de satisfacción de las familias. "Estos aspectos son evaluados externamente", explican en la Junta "a través de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y encuestas". Los docentes más críticos, por su parte, reiteran que el mayor peso, "el 65% del programa", recae en los resultados académicos -que dependen de los propios profesores-, pues advierten de que no va a examinarse externamente a los alumnos. Enrique Abascal, por ejemplo, apuesta por "un modelo completamente alejado de la Administración e independiente".

Los sindicatos opositores exigen que la Junta se pregunte por qué, a pesar de la posibilidad de incentivos económicos y la promesa de más profesores, hace seis meses se produjo un rechazo significativo entre los docentes, sindicados o no. Entonces, la Junta adujo que la negativa información dada a los profesionales por parte de éstas y otras organizaciones fue determinante. Para intentar dar la vuelta a la historia, altos cargos de Educación ya mantienen encuentros con directores y docentes para explicar el plan.

Mientras, el plan ya se ha puesto en marcha con los centros que votaron sí el año pasado. A los profesores que se han apuntado, se les paga 600 euros el primer año. Los opositores al plan advierten que la movilidad propia del profesorado, especialmente, de los interinos, puede permitir que "aquellos que votaron sí el curso pasado, pero han sido trasladados a uno de los centros del no, cobren 600 euros por no hacer nada".

Asturias - Educación insta a los centros a aumentar un 1% los aprobados durante este curso

Obsérvese que algunas organizaciones sindicales opinan de diferente manera en
unos territorios u otros según les "pita".

Noticia en elcomerciodigital, de Asturias [url]

La Consejería de Educación está decidida a mejorar los resultados de los escolares asturianos y, para ello, ha remitido una circular a los más de 400 centros públicos de la región, «constituidos como unidades de gestión», en la que les insta a cumplir una serie de «objetivos colectivos alineados con los objetivos estratégicos de la Administración». Entre esos «objetivos comunes» que deberán ser cumplidos este curso, la consejería señala uno prioritario: «Incrementar en un 1%, como mínimo, el número de titulados de la Educación Secundaria Obligatoria con respecto al curso 2007/08» y, en el caso de Infantil y Primaria, aumentar «un 1% el número de alumnos/as que promocionan a ESO».

Ese aumento del 1% en los aprobados de los estudiantes se completa con otra instrucción dirigida a los tutores de los alumnos, que deberán realizar «entrevistas individuales con, al menos, el 70% de las familias».

La consejería, explica la carta remitida a los centros, establece estas prioridades en virtud del «modelo de seguimiento de la actividad profesional en la Administración del Principado aprobado el 11 de junio y de la Resolución de 20 de junio de la Consejería de Administraciones Públicas en la que se dictaron instrucciones para la ejecución de dicho modelo».

La circular se completa con un correo electrónico en el que la consejería da de plazo hasta fin de mes a cerca de 9.000 docentes para que envíen al Servicio de Inspección un listado de las tareas que desempeñan -además de su frecuencia, su duración, su dificultad y «las consecuencias que se derivan de ejecutarlas mal»-, así como de sus destrezas, sus habilidades, su «escala de saturación» y sus «necesidades de formación».

Críticas sindicales

Las instrucciones de la Administración han motivado ya las primeras críticas de los sindicatos, que ayer mantuvieron una «reunión de urgencia» con el consejero, José Luis Iglesias Riopedre, para mostrarle su «preocupación» y su «frontal oposición» a lo que, consideran, «servirá de base para la evaluación del desempeño del profesorado asturiano que comenzará en enero» y que, en palabras de Riopedre, «no tiene marcha atrás».

Según denunció Luis Fernández León, portavoz de educación de Comisiones Obreras de Asturias, «estas instrucciones no se atienen al marco normativo docente». «Se les está pidiendo a los docentes que hagan el nudo de su propia horca», resumió.

Los sindicatos, que llaman al profesorado a no dar cumplimiento a los requerimientos de la consejería y que tienen recurrida la resolución de Administraciones Públicas, se oponen también a «objetivos que suponen aprobar por aprobar, sin tener en cuenta las características de los centros y los grupos».

Concentración Contra La Orden De Incentivos

Los docentes sí cuentan

Tribuna del Diario IDEAL de Granada
07.10.08 - JOAQUÍN VEGA PADIAL
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EL pasado 5 de octubre celebramos 'El Día Mundial del Docente', fecha conmemorativa de la aprobación en 1966 por parte de la OIT y de la UNESCO de una serie de recomendaciones relativas al personal docente, estableciendo las prácticas idóneas con respecto a su situación social, su formación y las condiciones de su trabajo.

Con la dedicación de un día a nivel mundial, por la altura de estos organismos internacionales, la importancia que la sociedad da a la enseñanza y educación de los jóvenes no cabe duda que el docente es un elemento social de gran importancia, de hecho es la piedra angular de cualquier sistema educativo. Sin él o ella no existe enseñanza.

Sorprenden, sin embargo los datos que, encuesta tras encuesta, aparecen sobre cómo se ve valorado el profesorado. El 88% no se siente apreciado socialmente, es decir, percibe que sus vecinos no reconocen ni respetan adecuadamente su trabajo.

Tampoco se siente suficientemente estimado por la Administración Educativa, un 75%, o lo que lo mismo, tres de cada cuatro profesores lo piensan y sienten así.

Ciertamente, con este déficit de quereres hay que tener empaque para realizar bien el trabajo diario, y sin embargo se cumple de manera adecuada, todos los días con el derecho fundamental que tiene la ciudadanía a la educación y a la enseñanza.

Para realizar esta tarea los docentes en éste y todos los demás días, a través de todas sus organizaciones sindicales piden más apoyo y aprecio a su labor, sobre todo después del varapalo que la enseñanza de este país ha obtenido en los distintos informes internacionales, tanto el PISA como el de la OCDE.

Se pide el apoyo de las familias en el proceso de enseñanza, no delegando todas sus funciones al profesorado, cerca del 70% piensa que las familias no prestan suficiente atención a los estudios de sus hijos y casi la totalidad opinan que los padres delegan, cada vez más, parte de su responsabilidad educativa a la escuela. Aquí tenemos el dilema, ¿quién enseña y quién educa? Naturalmente los dos, pero el peso fuerte de la educación debe recaer en la familia y el de la enseñanza en los centros escolares.

Se pide también el apoyo de la Administración, para que adopte medidas verdaderamente eficaces, para que valore nuestro trabajo porque éste, de por sí, ya es bueno; sin que nos haga responsables de los malos resultados académicos del alumnado, no mostrándonos como malos profesionales, sin ningún tipo de compromiso social y que necesitamos un plus salarial para incentivarnos laboralmente. Esto es lo que se pretende con el 'Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos en los Centros Públicos' puesto en marcha en febrero de este año, donde la única medida que se toma es la instauración de un incentivo económico al rendimiento para el profesorado. Afortunadamente el Plan ha sido rechazado democráticamente por el 80% del profesorado andaluz.

El apoyo al profesorado debe venir por la adopción de medidas que verdaderamente mejoren el sistema, y que han demostrado su eficacia, entre otros sitios en Finlandia, campeona del Informe PISA:

• -Disminuir la ratio en todos los centros, pasar de los 25 a 20 alumnos en las aulas de primaria, de 30 a 25 en secundaria y no pasar de 30 en la post-obligatoria; realizando los oportunos desdobles de grupos para permitir una atención más personalizada. Esto, naturalmente, supone incrementar las plantillas en todos los centros educativos.
• -Dignificar a los miles de profesores interinos que hoy por hoy están en completa inestabilidad laboral.
• -Y, como no, llevar a cabo la tan pedida homologación salarial de todo el profesorado con el resto de funcionarios.

Todas estas medidas necesitan apoyo económico, hay que incrementar el presupuesto que dedicamos a la enseñanza. En la actualidad destinamos solo el 4,54 % del PIB, ligeramente inferior a la cifra de 1995 y nueve décimas por debajo a la media de la OCDE. Y todo esto a pesar de la bonanza económica que hemos tenido. Todavía nos falta bastante para llegar al 7% de Suecia y Noruega y ahí es donde deberíamos llegar, si queremos que el sistema educativo de este país funcione, y no se consolide una enseñanza de varias velocidades, alumnado destinado al futuro liderazgo social y empresarial, procedente de centros privados y alumnado dirigido al trabajo en precario de las subcontratas o abocado al paro, por falta de recursos para futuras adaptaciones profesionales.